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De cara al próximo
sexenio
Juan Diego Nusa Peñalver
EN el sexenio (2013-2018) México tiene
por delante enormes desafíos que
enfrentar en materia política,
económica, social y de seguridad, que
no serán fáciles de resolver por
ninguno de los políticos locales.
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Los niños constituyen casi la
mitad de
los 52 millones de mexicanos
pobres
sobre un total de 112 millones
de
habitantes del segundo país más
poblado
de América Latina y el Caribe.
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Más de 55 000 muertos ha
provocado la guerra antidrogas
en México.
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El espacio no permite profundizar en
todos estos retos, pero el más
preocupante y relevante para los
mexicanos tiene que ver con la
seguridad...o mejor dicho, la
inseguridad prevaleciente en sus pueblos
y ciudades, según los analistas.
Encuesta tras encuesta indican que, por
primera vez, las preocupaciones por la
seguridad prevalecen sobre las
relacionadas con la economía. Esto a
pesar de que el narcotráfico, el motor
de la violencia, ha fluido a través de
la realidad mexicana por décadas.
La diferencia con el pasado es el gran
aumento en la violencia asociada con las
actividades de los narcotraficantes y el
crimen organizado, con el accionar
sanguinario de poderosos cárteles como
Los Zetas y el de Sinaloa, que se
disputan a sangre y fuego las rutas de
las drogas en Tamaulipas (noreste),
Veracruz (este), Nuevo León (norte) y
Guerrero (oeste), los estados más
violentos, y que son patrullados por los
militares.
Una encuesta del diario Excelsior y la
empresa de opinión pública BGC difundió
un estudio, en el cual preguntaron a los
mexicanos qué temas les interesaban más,
y el 75% dijo que le gustaría ver a los
aspirantes al poder en México discutir
cómo hacer frente a la inseguridad y la
delincuencia.
Inmediatamente por detrás de ese asunto
se ubicaron el empleo (51%), la
educación (40%), la economía (25%), la
salud (12%) y el modo de enfrentar el
combate a la pobreza (9%), que no por
último deja de ser acuciante para la
segunda nación más poblada de América
Latina.
En tal sentido, Javier Oliva,
investigador experto en seguridad de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), señaló que el reto más
importante “es reconstituir las
condiciones de paz social en las zonas
más afectadas por la violencia en
México".
Y es que desde que el presidente Felipe
Calderón decidió enfrentar el creciente
poder del narcotráfico con las fuerzas
armadas mexicanas el resultado ha sido
una explosión dramática de las muertes
relacionadas con la disputa de las
plazas, rutas, y soberanía efectiva
sobre el terreno entre el gobierno y los
narcos, con el estimado escalofriante de
unos 55 000 muertos por esas causas
desde que el actual mandatario asumió el
poder en el 2006, de acuerdo con
diversas fuentes.
Una dramática situación con impacto
directo en toda la sociedad mexicana y
sus instituciones, pues el dinero de los
narco corrompe el tejido social e
institucional de ese país, un fuego
alimentado por la proximidad del más
lucrativo mercado global de consumo de
drogas ilegales de todo tipo,
contrabando de armas y trata de
inmigrantes como lo son los Estados
Unidos de América, que paradójicamente
hace muy poco por ayudar de una manera
más efectiva a su vecino del Sur.
Washington más bien acrecienta el
fenómeno con su inmoral muro en su
frontera con territorio mexicano, donde
cientos de inmigrantes pierden la vida
cada año, con escandalosos operativos
como el Rápido y Furioso
de trasiego ilegal de armas a México, y
por el cual el mismísimo
Eric Holder, fiscal general de EE.UU.,
fue declarado en desacato por supuesta
falta de cooperación por la Cámara de
Representante del Congreso
estadounidense, en una medida inédita en
los anales de ese país.
Craig Deare, analista de seguridad
internacional, así lo confirma: “la
situación para el nuevo presidente
mexicano se complica cuando se le suma
la relación compleja con el vecino del
Norte. Si bien es cierto que hay algunas
ventajas en tener al lado el mercado más
grande del mundo, ese mismo mercado—que
también lo es para consumir drogas-- ha
causado, y seguirá causando,
complicaciones mayores para el gobierno
mexicano. Todo el mundo reconoce que la
demanda estadounidense para consumir una
cantidad enorme de drogas ilegales
representa el oxígeno para las llamas
del narcotráfico”.
En esta materia las opciones políticas
para el futuro mandatario serán
limitadas, pues tendrá que escoger entre
continuar la estrategia actual, con
algún que otro retoque cosmético, de
utilización de las Fuerzas Armadas para
combatir a los sanguinarios carteles de
los estupefacientes, soportar la difícil
relación con EE.UU. en este campo, con
peligro incluso de comprometimiento de
la soberanía del país, o atacar
frontalmente este flagelo en sus raíces
con más empleo y educación, así como
reducción de la pobreza y la exclusión
social, caldos de cultivo, del cual se
nutren los ilícitos mexicanos.
De ahí que la inseguridad y el
narcotráfico son problemas que superan
las fronteras mexicanas, y
desafortunadamente el próximo Jefe de
Estado, independiente de la decisión que
tome, no va a resolver el problema
fundamental, que es la existencia de ese
lucrativo mercado de los narcóticos
ilegales en Estados Unidos, en donde se
destinan anualmente
65 000 millones de dólares para la
compra de drogas ilícitas, de acuerdo
con un estudio de la propia agencia
antidrogas estadounidense (DEA).
Otro de los retos que deberán enfrentar
un nuevo gobierno azteca lo será la
necesidad de acelerar la creación de
empleo para impedir que los jóvenes
sigan cayendo en el sector informal o
terminen engrosando las filas del
crimen, pues la población activa
mexicana crece más rápido que en países
vecinos.
RESTITUIR EL TEJIDO SOCIAL
Por otro lado, la reducción de la
pobreza en México se revirtió en los
últimos años, con consecuencias que
afectarán el futuro del país. Los niños
constituyen casi la mitad de los 52
millones de mexicanos pobres (sobre un
total de 112 millones de habitantes),
dato que "indica que la pobreza podría
tener consecuencias más duraderas que en
otros países", sostiene un nuevo informe
de la elitista Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).
De ahí que el norteño país necesite un
mayor gasto público para atender las
carencias de los más vulnerables.
Aun más, la pobreza en ese país, según
cifras del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), se incrementó a 51%
durante el sexenio de Calderón.
Segunda economía de América Latina,
México vio crecer en 15 millones su
población de pobres desde 2000, bajo
gobiernos del Partido Acción Nacional
(PAN), lo que pesó, según analistas
entre otros elementos, en el voto de
castigo del electorado contra la
candidata de ese signo político Josefina
Vázquez Mota en los recientes comicios
presidenciales.
LAS HERIDAS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL
Según los resultados finales del
Instituto Federal Electoral (IFE), los
más votados fueron Enrique Peña Nieto
del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), que ganó la elección del primero
de julio con un 38.21% de los sufragios,
le siguió Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), representando a una
coalición de izquierda, con un 31.59% de
los votos, mientras la oficialista
Vázquez Mota quedó tercera con 25.41%.
AMLO impugnó los resultados, denunció
la compra de unos cinco millones de
votos y el rebase de los gastos de los
topes de campaña, mientras el PAN
reconoció los resultados de elección,
pero declaró que hubo inequidad.
De acuerdo con los tiempos que marca el
proceso electoral, que dan un plazo
máximo al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación hasta el seis
de septiembre para analizar y validar o
no los comicios, y en consecuencia
declarar o no un mandatario electo de
estas cuestionadas elecciones.
En el venidero Congreso, el PRI
emergió como la primera fuerza política,
pero no disfrutará de mayoría absoluta o
simple en ninguna de las dos Cámaras
legislativas para imponer en solitario
su agenda, lo cual le obligará a las
alianzas y los pactos.
Sea quien sea declarado finalmente
próximo mandatario mexicano tendrá la
difícil misión de restaurar las amargas
heridas de la contienda electoral,
cohesionar el país y reconstruir
consensos mínimos, en particular en el
poder legislativo, para aplicar su
programa de gobierno.
El primero de septiembre se instalará
el nuevo Congreso de la Unión y el
primero de diciembre asumirá el poder un
nuevo presidente de la República, que
tendrán ante sí una pesada carga camino
de lograr un mejor México.
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